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Un conjunto de abogados de imigración en Nueva Jersey ha demandado a la Administración del presidente Donald Trump por exigir audiencias de deportación en persona, una medida que aducen les expone a ellos y a sus clientes a la COVID-diecinueve, un pleito en que está previsto que el Gobierno dé sus argumentos a un juez federal el tres de septiembre.
El capítulo de Nueva Jersey de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración (NJ-AILA) demandó al Gobierno federal de U.S.A. con miras en que un juez prohíba las audiencias de deportación para los no detenidos que el Departamento de Justicia exige se realicen en persona en la corte de inmigración en la urbe de Newark.
"Lo que estamos pidiendo es que las audiencias se realicen por televídeo, como otras cortes que han reabierto en Nueva Suéter", afirmó a Efe el letrado César Estela, miembro de NJ-AILA, quien destacó que ese tribunal de inmigración para los no detenidos está equipado con la tecnología precisa para hacer el procedimiento a distancia, como ha hecho en otras ocasiones.
Estela, que nació en Perú, recordó que la ley detalla que las audiencias de deportación tienen que ser en persona o por vídeo.
"En todas y cada una de las cortes en Nueva Suéter, estatales, municipales, federales, (las audiencias) se hacen por videochat y no se explica por qué hacen esto cuando sus propios oficiales no quieren presentarse", afirmó el abogado, refiriéndose a que los fiscales que llevan estos casos de deportación no atienden en persona las audiencias.
"Este caso trata sobre los esfuerzos del Gobierno para obligar a los abogados de inmigración a arriesgar su salud, la de su familia y las comunidades, forzándoles a comparecer en persona para procesos en la corte de inmigración de Newark en la mitad de una pandemia global", señala la demanda, presentada el 31 de julio. Asegura además que se trata de una acción del Gobierno "antojadiza y arbitraria en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo".
La demanda asimismo dice al tribunal federal de Newark, que acogerá la apertura de argumentos del caso el próximo 3 de septiembre, que a los abogados se les han rechazado las mociones que pedían el aplazamiento de las audiencias de deportación por miedo a contagiarse con el virus en la corte. La Administración Trump va a deber contestar ese día al juez federal por qué razón demanda las audiencias en persona.
Los abogados asimismo aseguran que los jueces les han amenazado con acciones abogado extranjeria bajo las reglas de conducta profesional si no acuden en persona.
El pasado marzo, cuando se decretó la pandemia, la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración (EOIR), encargada de regular las cortes de inmigración, suspendió las audiencias en persona pero las restauró a mediados de junio en múltiples tribunales, incluyendo el de Newark, sin preguntar a abogados ni organizaciones.
Estela señaló que esta corte de inmigración está en un edificio donde hay otras agencias federales, incluyendo la Fiscalía que lleva estos casos, como la agencia que se hace cargo de las deportaciones, y que todas y cada una están cerradas.
"Los fiscales de inmigración se presentan por vídeo pues les asusta ir al edificio a enfermarse. La construcción tiene una puerta enorme de entrada y ahí se aglutinan cien o bien doscientos personas cada hora para entrar, los ascensores son pequeños y no son ventilados, las salas de la corte son bien pequeñas", argumentó sobre las condiciones que encaran abogados, clientes y empleados del tribunal.
Ciertos jueces no se están presentando tampoco, comentó.
Estela insistió a Efe en que la alternativa que tienen para no presentarse a corte es que se realice la audiencia por teléfono.
Asimismo, afirmó, el Gobierno exige que el inmigrante firme un documento renunciando a ciertos derechos, entre ellos el de objetar la patentiza que se presente en su contra, "y eso es absurdo, deja de ser una corte".
"Un abogado no va a firmar una renuncia que le impida ser letrado. Ellos han creado este problema forzando a abrir (la corte) cuando mismos (la Fiscalía) no se están presentando", argumentó el abogado. Explicó que los fiscales, que tendrían que estar en la audiencia de deportación, están pidiendo a los jueces que les deje presentarse por teléfono "pero al inmigrante y a su letrado les hacen tomar esa resolución".
"Si el Gobierno presenta una patentiza de por qué le quieren deportar (al usuario), un letrado debe de rebatir eso", explicó el letrado, que describió la situación como: "Ven a pelear tu caso o firma esta renuncia y lo hacemos por teléfono. Es absurdo, es una locura y eso nos ha forzado a presentar esta demanda".
"Ningún letrado va a firmar esa renuncia porque es muy peligroso y pierdes el caso. O, vas a la corte, ganas tu caso, mas te enfermas y te mueres en un par de meses", sostuvo.
Una audiencia en televideo les deja ver al fiscal y al juez, presentar documentos virtualmente y objetar la evidencia del Gobierno: "La decisión de reabrir y no brindar la ocasión de presentarse por televídeo es contra la ley", apostilló.
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